Los Niños Asilados

Jueves, 7 Agosto   

Otro caso que preocupa a los miembros de AILA (unos 7 mil en todo el país) es el tema de los menores de edad que buscan asilo en Estados Unidos.

Golub citó el caso de Edgar Chocoy, un niño guatemalteco de 16 años cuya solicitud de asilo fue rechazada por el servicio de inmigración y repatriado a su país. Chocoy fue asesinado semanas después por miembros de la pandilla que lo obligó a buscar asilo en Estados Unidos.

Este caso “subraya la necesidad de cambiar nuestras políticas de asilo para asegurar el bienestar de los niños vulnerables que buscan refugio”, dijo la directora de AILA.

La organización denunció que niños que no cuentan con la compañía de adultos “son albergados inadecuadamente, sin acceso a abogados y rápidamente deportados, con frecuencia a países con situaciones peligrosas”.

Desmantelamiento del BIA

Otra preocupación de AILA es el desmantelamiento que sufrió la Oficina de Apelaciones de Inmigración (BIA).

El BIA lo integraban 19 jueces y es el órgano encargado de revisar las decisiones de los jueces de inmigración, y también las decisiones de oficiales de los servicios de inmigración de Estados Unidos.

A mediados de agosto de 2002 el secretario de Justicia John Ashcroft comunicó que esta “última esperanza” de apelación de inmigrantes en proceso de deportación sufriría cambios. Cinco de los 19 jueces fueron removidos.

La abogada Lory Diana Rosenberg, quien fue juez de la BIA por siete años, afirmó tras la decisión que juristas de larga trayectoria fueron reemplazados por personas más favorables a la ideología restrictiva del secretario de Justicia estadounidense.

Los jueces eliminados en 2002 fueron Noel Brennan, Cecilia Espenoza, John Guendelsberger, Paul Schmidt y Gustavo Villageliu, todos nombrados bajo el gobierno el ex presidente Bill Clinton, y según los críticos no se tomó en cuenta la antigüedad de los juristas a la hora de decidir los cambios.

Golub afirmó que la disminución en el número y la remoción de jueces del BIA “socavó” los derechos del debido proceso para los inmigrantes en las cortes de inmigración.