SAN SALVADOR, El Salvador - La Ley de adopciones que estuvo vigente en El Salvador entre 1960 y 1994, contaba con enormes vacíos que dieron lugar a toda clase de abusos, informó la Oficina Para las Adopciones (OPA) de la Procuraduría General de la República.

Cientos de casos

Poca vigilancia y procesos frágiles facilitaban la ilegalidad y la corrupción en muchos casos.

El caso de Dina Gonzalez , que ahora reside en Estados Unidos y a quien hace 18 años le arrebataron a sus hijos sin haberlos dado en adopción de forma voluntaria no es un hecho aislado.

La carencia de registros dificulta el determinar si en el caso de sus hijos, existió un proceso de adopción ilegal o si más bien, estos niños fueron sacados del país con documentación falsa.

Proceso lento y vulnerable

Según María Elena Sánchez, abogada de OPA, existían dos procesos administrativos: uno en la Procuraduría y otro en la Tutelar de Menores, entidad encargada de velar por la salud y el bienestar de los niños abandonados o huérfanos.

Así, los procuradores contaban con 30 días para investigar un caso y de una audiencia para emitir “una simple opinión” ante un juez acerca de los procesos de adopción. Por ende, el proceso era lento y proclive a ser corrompido.

No hay registros

“Antes había menos vigilancia”, resume la funcionaria, explicando que esa debilidad facilitaba las adopciones fraudulentas tramitadas por abogados inescrupulosos.

Esos casos tuvieron auge durante la guerra (1989-1992).

El trágico devenir de los archivos de la Procuraduría (su edificio sufrió severos daños durante los terremotos de 1986 y 2001) hacen que, de acuerdo con Sánchez, no se cuente con estadísticas o registros confiables acerca de las adopciones realizadas en esa época.