Los Cinco “recibieron toda la protección del sistema legal estadounidense…, el juicio fue abierto y su desarrollo fue ampliamente cubierto por la prensa… Washington cree firmemente que los juzgó respetando todas las garantías”.

Semejante insulto, rayano con la más absoluta desvergüenza y cinismo políticos, fue pronunciado la pasada semana ante el plenario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, por Velia De Pirro, representante norteamericana ante ese organismo internacional, en un fracasado intento por desvirtuar las denuncias que, en esa instancia, hizo Cuba sobre este caso. El gobierno de Estados Unidos mintió pese a estar emplazado jurídicamente por la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que en mayo del 2005 declaró que la privación de libertad para los antiterroristas cubanos presos desde septiembre de 1998 era arbitraria e ilegal. Aquella trascendente disposición se hizo sobre la base de argumentos técnicamente irrefutables: el confinamiento de los Cinco en celdas solitarias, el ambiente hostil en que se realizó el juicio y la aplicación de la Ley de Procedimiento para Información Clasificada (CIPA) al 80% de la documentación utilizada para inculparlos, mecanismo que privó a los acusados y a sus abogados a acceder a ella para defenderse. Casi nueve años después, esas “evidencias” aún no han sido reveladas.