La segunda ola de redadas a instalaciones de la empresa procesadora de carnes Swift & Co, la semana pasada, volvió plantear la interrogante acerca de si los indocumentados tienen derecho a defenderse y cómo ante las autoridades de inmigración.

La primera operación de agentes federales se registró el 12 de diciembre del año pasado en seis estados, y fueron detenidos más de 1,200 trabajadores, la mayoría de ellos procedentes de América latina.

Los arrestados fueron acusados de permanencia ilegal en Estados Unidos y dee trabajar con documentos de identidad falsificados.

El jefe de la seguridad de Estados Unidos, Michael Chertoff, declaró un día después de la redada que una investigación de varios meses reveló un “frente perturbador” en la guerra contra la inmigración ilegal, pues muchos de los indocumentados usan la identidad de ciudadanos estadounidenses o residentes legales para obtener trabajo.

“Las violaciones de nuestras leyes de inmigración y de derecho a la privacidad frecuentemente van de la mano”, afirmó Chertoff. “Acciones de defensa de la ley como éstas protegen los derechos a la privacidad de estadounidenses inocentes, además de arremeter contra la inmigración ilegal”, agregó.